Marta García reclama un reparto equitativo de los costes de transición, que tenga en cuenta las circunstancias del sector agrario, sobre todo del sector lácteo

Santander, viernes 19 de febrero de 2021.  La diputada de Ciudadanos (Cs), Marta García, ha pedido al Parlamento de Cantabria que solicite al Gobierno nacional que se reinicie “inmediatamente” el diálogo con las comunidades autónomas, las organizaciones agrarias y todos los sectores afectados por la aplicación de la nueva Política Agraria Común (PAC), de modo que la normativa europea “cuente con el consenso de todos los agentes implicados”. 

«Desde Cs creemos que es posible un mejor y más justo modelo de convergencia en la política agraria que, sin renunciar al objetivo final, garantice un reparto equitativo de los costes de transición y tenga en cuenta las circunstancias particulares del sector agrario español”, ha señalado García, quien ha demandado que se tomen “cuantas medidas sean necesarias” para que los costes de la transición a un nuevo modelo de la PAC repercutan de forma “progresiva y equitativa”, evitando que recaigan sobre los agricultores y ganaderos más vulnerables. “En el caso de Cantabria, nuestros ganaderos de leche”, ha aseverado.

La diputada ha reclamado, a través de una Proposición No de Ley (PNL), que se modifique de “manera urgente “el Real Decreto 41/2020 para fijar un límite máximo a la reducción que pueden sufrir los agricultores durante el proceso de convergencia de los derechos de pago. “Últimamente, las decisiones que vienen impuestas desde Madrid ahogan un poco más al sector agrario de Cantabria e invitan a la gente a marcharse de nuestros pueblos”, ha subrayado.

García ha recordado que la nueva reforma de la política agraria no ha podido estar lista antes del 1 de enero de 2021, por lo que ha sido necesario aprobar un “paquete de transición” que asegurase la continuidad de la PAC. Así, ha explicado, el Reglamento (UE) 2020/2220 tiene como objetivo extender la aplicación de la PAC 2014-2020 hasta 2022 para ofrecer la “certidumbre” necesaria a los agricultores y ganaderos y que “no se sorprendan con el recorte que van a sufrir en 2021 de entre 6.000 y 9.000 euros sin previo aviso, haciendo tambalear la viabilidad de la granja”. 

Sin embargo, el pasado 26 de enero, el Gobierno aprobó el Real Decreto 41/2021 para trasponer al ordenamiento jurídico nacional lo acordado a nivel europeo y establecer el mecanismo de aplicación de la PAC para los años 2021 y 2022. Este Real Decreto fue aprobado “unilateralmente, sin consenso ni transparencia y sin contar con los máximos representantes del sector agrario de este país, las organizaciones agrarias”. “No se puede improvisar sin ningún tipo de acuerdo un recorte de esta envergadura a nuestros productores agrarios, sin previo aviso, poniendo en riesgo su viabilidad”, ha concluido Marta García.