El Grupo parlamentario de Ciudadanos pide que se lleven a cabo medidas para proteger a los funcionarios que denuncien casos de corrupción.

El portavoz Rubén Gómez ha registrado hoy una Proposición de Ley en el Parlamento.

En opinión de Rubén Gómez “la corrupción es un problema que urge abordar y atajar, ya que se han descubierto cerca de 200 tramas corruptas desde 1978, y la cifra va en aumento; pone trabas a la competencia, lastrando la competitividad de nuestra economía, y porque no se puede sobrellevar unas malas prácticas que siembran dudas entre los ciudadanos sobre la legitimidad de las instituciones democráticas”.

Ciudadanos solicita que se regula un marco de protección integral de los empleados públicos de la Comunidad Autónoma que denuncien casos de corrupción con el fin de garantizar protección integral de sus derechos, entre ellos, el de confidencialidad, recibir información sobre la situación administrativa de su denuncia, asesoría legal y asistencia psicológica, así como recibir una justa indemnización por los daños que pueda sufrir como consecuencia directa de su denuncia.

Mención especial merece el derecho que se reconoce a los denunciantes de corrupción a la indemnidad en su puesto de trabajo frente a posibles represalias, de tal forma que serán nulos de pleno derecho los acuerdos, resoluciones y decisiones que constituyan una represalia de las denuncias presentadas.

Esta Ley se aplicará a los empleados públicos y al resto del personal de servicio de la Administración y del sector público de la Comunidad Autónoma, así como de Ayuntamientos, universidades públicas, e incluso personas físicas o jurídicas beneficiarias de subvenciones y ayudas públicas, las entidades adjudicatarias de contratos del sector público, de conformidad con lo dispuesto en el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.

A ellas se unen las que en virtud de convenio sean prestadoras o gestoras de servicios públicos o que ejerzan potestades administrativas así como los proveedores y subcontratistas de las mismas, incluidos, en todos los casos, tanto los gestores como los empleados de todas ellas.

A los efectos de esta Ley, se considera denunciante a quien haya sido reconocido como tal por el Consejo de Transparencia de Cantabria, tras haberle facilitado información, que hubiera tenido conocimiento en el desempeño de su empleo, con apariencia suficiente de veracidad, sobre hechos que pudieran ser constitutivos de infracciones administrativas o de delito, en los términos de lo dispuesto en el artículo 4 de esta Ley. También se añade a quienes hubiesen denunciado ante el Ministerio Fiscal o la autoridad judicial la posible comisión de un delito contra la Administración Pública de los tipificados en el Título XIX del Código Penal, siempre que dicha denuncia fuese admitida a trámite.

Los denunciantes tienen derecho a la asesoría legal gratuita en relación a la denuncia presentada, sin que tal derecho pueda entenderse comprensivo de los gastos de representación y defensa correspondientes a un eventual proceso judicial relativo a los hechos denunciados cuando lo inste el propio denunciante a título personal. A tales efectos, se suscribirán convenios con los Colegios Profesionales de Abogados y Procuradores para dispensar la asistencia a los denunciantes en ejercicio del expresado derecho.

La lucha contra la corrupción en el ámbito de nuestras Administraciones Públicas exige garantizar una función pública profesional, independiente y regida por criterios de igualdad, mérito y capacidad. Sin embargo, con frecuencia los empleados públicos muestran reticencias a denunciar este tipo de prácticas por miedo a represalias.

Por eso es fundamental proteger a los denunciantes a través de mecanismos eficaces que generen confianza y seguridad frente a posibles represalias.

Ciudadanos recuerda el informe del día 3 de febrero de 2014 de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo sobre la lucha contra la corrupción en la Unión Europea, en el que se puso énfasis en la necesidad de adoptar mecanismos de denuncia adecuados que codifiquen procesos dentro de las administraciones públicas y abran canales oficiales para comunicar lo que se perciba como irregularidades o actos ilegales que pueden contribuir a resolver los problemas de detección inherentes a la corrupción. Unos mecanismos que, a día de hoy ya existen en países como Canadá, Estados Unidos, Bélgica, Francia, Noruega, Rumanía, Holanda, Reino Unido, Alemania, Suiza o Eslovenia, inciden.