El diputado regional de Ciudadanos en el Parlamento, Juan Ramón Carrancio, señaló hoy que la aprobación de la modificación de la Ley del Suelo de Cantabria la convierte en la más garantista del país.

“Nos hemos asegurado que en el realojo y retorno a los propietarios de una vivienda o negocio por una expropiación se le sustituya por otra propiedad de nueva planta de la misma superficie o superior, si así lo marca la legislación atendiendo al número de personas que la habitan”, remarcó Carrancio.

Además, el diputado de Ciudadanos incide en que “también la vivienda sea en la misma unidad de actuación con el mismo entorno, todo igual que cuando compraron su vivienda o su negocio, porque eligieron el lugar con cuidado, mirando sus intereses”.

Carrancio destacó que esta Ley ha salido adelante por tres partidos muy diferentes que han llegado a un acuerdo para mirar por las personas, no por intereses políticos. “Sin embargo, los dos partidos que sustentan al Gobierno, PRC y PSOE, no han querido colaborar a sacar adelante esta reforma de la Ley”, declaró.

Carrancio recordó que primero socialistas y regionalistas han sugerido que no se debía legislar desde la oposición, “como si eso fuera lo importante, y no la utilidad de la propia Ley”.

Posteriormente, PRC y PSOE se negaron a colaborar en la redacción de la Ley, alegando que el Gobierno preparaba una de forma inminente. “Sin embargo, a día de hoy, aún no ha comenzado a tramitarse. Es muy amplia, probablemente no se acabe en esta legislatura”, especificó.

La situación en Cantabria en la actualidad es que cualquier promotor particular puede iniciar un proceso en una unidad de actuación que desemboque en la expropiación de las viviendas que ocupen el 40% de suelo como mínimo que él no controle.

“Se expropia y se indemniza mediante un justiprecio y esto supone arrebatar el proyecto de vida completo de una persona”, comentó Carrancio.

En su opinión casi siempre se da en barrios avejentados con lo cual los perjudicados son la parte económica más débil de la sociedad, no suelen ser familias pudientes, se les expulsa del lugar que eligieron para vivir y no se les paga lo que realmente vale la vivienda.