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Aprobada la proposición No de Ley de Ciudadanos (C’s) de Cantabria que pide un protocolo específico para situaciones de acoso escolar por identidad de género

by cscantabria — 2 febrero 2016 @ 19:40
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El Pleno del Parlamento de Cantabria ha aprobado, por unanimidad, la Proposición No de Ley presentada por Ciudadanos en la que solicitan a la Consejería de Educación, Cultura y Deporte un protocolo específico para situaciones de acoso escolar por orientación sexual o identidad de género.

La enmienda transaccional presentada por Ciudadanos y el PP incluye que se fomente la máxima participación de entidades, centros educativos, Asociaciones de Madres y Padres, partidos políticos y los ciudadanos en la elaboración de este protocolo.

El partido naranja insiste en que no se han puesto en funcionamiento todas las medidas necesarias para atender estos casos “y ante esta situación esperamos la aprobación de todos los grupos parlamentarios”, comentó Gómez.

El pasado día 22 de julio de 2015 el Congreso de los Diputados aprobó la Ley 8/2015 para la protección de la infancia y la adolescencia y Cantabria dispone de la Ley 8/2010, del 23 de diciembre, de garantía de los derechos y atención a la infancia y a la adolescencia. Estas Leyes, en opinión de Ciudadanos, junto con la Convención de los derechos de los Niños de naciones Unidas, reconoce que los menores tienen derecho a que su interés superior sea valorado y considerado en todas las acciones y decisiones que les concierne.

“Aun sí la sociedad carece de disposiciones reglamentarias para hacer efectiva esta protección y como consecuencia de esta dejadez, hemos asistido a episodios de acoso escolar como el ocurrido en Cataluña el pasado día 24 de diciembre por Alan, un menor transexual que tras el acoso continuado que sufrió en varios centros educativos donde estudio, acabo quitándose la vida”, señaló Rubén Gómez.

Ciudadanos recuerda que en los principios rectores de la política social y económica que la Constitución española consagra en el Capítulo III del título figura la obligación de asegurar la protección social, económica y jurídica de la familia y la de sus hijos, que la Ley Fundamental atribuye a los poderes públicos.

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