Los diputados de Ciudadanos en el Parlamento de Cantabria, Rubén Gómez y Juan Ramón Carrancio, solicitan a la Consejería de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Cantabria un protocolo específico por situaciones de acoso escolar por orientación sexual o identidad de género.

Así, lo han anunciado hoy en una conferencia de prensa ofrecida en la Sala de Comisiones del Parlamento de Cantabria, donde avanzaron que han registrado una proposición No de Ley sobre este tema.

Además, Ciudadanos considera oportuno que se fomente la máxima participación de entidades, centros educativos, Asociaciones de Madres y Padres, partidos políticos y los ciudadanos en la elaboración de este protocolo.

El pasado día 22 de julio de 2015 el Congreso de los Diputados aprobó la Ley 8/2015 para la protección de la infancia y la adolescencia y Cantabria dispone de la Ley 8/2010, del 23 de diciembre, de garantía de los derechos y atención a la infancia y a la adolescencia. Estas Leyes, en opinión de Ciudadanos, junto con la Convención de los derechos de los Niños de naciones Unidas, reconoce que los menores tienen derecho a que su interés superior sea valorado y considerado en todas las acciones y decisiones que les concierne.

“Aun sí la sociedad carece de disposiciones reglamentarias para hacer efectiva esta protección y como consecuencia de esta dejadez, hemos asistido a episodios de acoso escolar como el ocurrido en Cataluña el pasado día 24 de diciembre por Alan, un menor transexual que tras el acoso continuado que sufrió en varios centros educativos donde estudio, acabo quitándose la vida”, señaló Rubén Gómez.

El partido naranja insiste en que no se han puesto en funcionamiento todas las medidas necesarias para atender estos casos “y ante esta situación esperamos la aprobación de todos los grupos parlamentarios”, comentó Gómez.

Ciudadanos recuerda que en los principios rectores de la política social y económica que la Constitución española consagra en el Capítulo III del título figura la obligación de asegurar la protección social, económica y jurídica de la familia y la de sus hijos, que la Ley Fundamental atribuye a los poderes públicos.