El diputado regional de Ciudadanos, Juan Ramón Carrancio, ha señalado que respecto a los incendios sucedidos en el norte de España, la reforma anunciada por el actual Gobierno en julio de 2015 introduce cambios que atentan contra la Constitución, ya que establece en su artículo 45, el derecho al medio ambiente, como una condición indispensable para el adecuado desarrollo de los ciudadanos.

La reforma de la Ley de Montes introduce la posibilidad de que, antes de transcurrir treinta años, se cambie el uso de los bosques incendiados sí concurren razones imperiosas de interés público de primer orden que deberán ser apreciadas mediante Ley, recordó Carrancio. “Esas razones, en todo caso, serán identificadas una vez acaecido el incendio. Porque la legislación todavía en vigor establecía, lógicamente, como excepción que el cambio de uso estuviera previsto antes del incendio en un instrumento de planeamiento que, como mínimo, se hubiera sometido ya a información pública”, incidió.

“La última reforma de la Ley de Montes supone un nuevo recorte de los derechos de los ciudadanos, completamente injustificable y, además, contrario a las normas y orientaciones europeas sobre preservación de la biodiversidad. Algo increíble en España, un país con un capital natural tan valioso. Y también un país especialmente vulnerable ante el cambio climático”, declaró Carrancio.
El diputado regional de Ciudadanos considera que se deben realizar cambios en la política de financiación de la Política Agraria Común, ya que los realizados hasta el día de hoy son insuficiente. “Se trataría de ir desde la financiación de políticas tradicionales, como, por ejemplo, la agrícola y la pesquera, hacia políticas de futuro que mejoren la competitividad de las empresas y de las economías de los Estados miembros y el bienestar de los ciudadanos, como, por ejemplo, Investigación y Desarrollo, Medio Ambiente, Desarrollo rural, Educación, Seguridad, Cooperación Judicial y Policial, entre otras”, indicó.
“Si bien la financiación de la política agraria se ha ido modificando, todavía sigue absorbiendo alrededor del 40 por ciento del total del presupuesto de la Unión Europea. Es cierto que la parte dedicada a subvencionar directamente a los agricultores o intervenir en los mercados agrícolas para mantener un determinado nivel de precios de sus productos (y por tanto de sus rentas) se ha reducido a lo largo del tiempo”, declaró Carrancio.

También es cierto que, a partir de 2014, el 30 por ciento de las ayudas pagadas directamente a los agricultores están ligadas a preservar la biodiversidad, la calidad de las tierras agrícolas y el medio ambiente en general, matizó el diputado del partido naranja.

Para Carrancio “si bien estos cambios van en la dirección correcta, son todavía insuficientes. La parte del presupuesto de la política agrícola dedicada al desarrollo rural, actualmente alrededor de una cuarta parte del total, debería seguir incrementándose con el objetivo de promover fuentes alternativas de empleo y la diversificación de actividades, como por ejemplo el cuidado de los bosques y otras zonas de interés ecológico, la gestión de las cuencas hidrográficas, entre otras”, remarcó. En su opinión el objetivo de mejorar la situación de las zonas rurales, aumentando la calidad de los servicios públicos y sociales, y de esa manera evitar su despoblamiento y hacerlas más atractivas para sus residentes.

“Además, la reducción de los subsidios dedicados a subvencionar los precios agrícolas internos y las exportaciones de la UE hacia el resto del mundo junto con la reducción de los aranceles aplicados por la UE a las importaciones de determinados productos agrícolas, como la carne y la leche, ayudaría a muchos países en desarrollo a potenciar sus exportaciones hacia la UE lo que aumentaría su nivel de vida y reduciría los niveles de pobreza en los mismos”, comentó. Al mismo tiempo, Carrancio avanzó que reduciría el precio de los productos agrícolas dentro de la UE y, por consiguiente, aumentar la renta disponible de los consumidores europeos. La UE no debería ser un gran productor de productos agrícolas sino concentrarse en otras prioridades mencionadas anteriormente.

En este sentido, Ciudadanos está en contra de la última reforma del PP de la Ley de Montes y a favor de los objetivos europeos de la PAC.