El diputado regional de Ciudadanos, Juan Ramón Carrancio, pidió al consejero de Medio Rural, Pesca y Alimentación, Jesús Oria, que se controle realmente la calidad de la leche importada a Cantabria para comprobar que cumple los mismos estándares de calidad que la producida por los ganaderos en Cantabria.

Así, lo hizo durante la comparecencia del consejero en el Parlamento de Cantabria. Además, exigió que se controlen las ventas a pérdidas de la leche que hacen las grandes superficies y que sancionen en el caso de ser oportuno.

En su intervención Carrancio expuso la conveniencia de conceder ayudas económicas a los mataderos dependiendo del porcentaje mínimo de reses que procedan de Cantabria.

Otras de las peticiones del diputado regional fue que se recupere el plan de recría para el ganado vacuno y reponer con una plantilla estable y cualificada las oficinas comarcales agrarias. Igualmente, incidió en que también se debe poner en práctica un plan de erradicación de las especies invasoras más allá de los plumeros y de las zonas protegidas de la Comunidad.

Carrancio se mostró crítico con el hecho de que el presidente cántabro defienda en la Unión Europea que se sostenga la población rural y por el contrario es la partida que más desciende en el presupuesto regional.

Tampoco se olvido a la hora de recordar que no hay dotación presupuestaria para controlar a expansión de la avispa asiática, la que se destina a cultivos marinos es escasa y ridícula aquella prevista para controlar plagas.

Juan Ramón Carrancio reclamó que se paguen las indemnizaciones atrasadas a los afectados por la fauna salvaje y se extienda este seguro a todo el territorio regional, así como se declare al lobo especie no cinegética.

En cuanto al presupuesto, Carrancio dudo que con una partida de 1,7 millones de euros se pueda hacer frente a los gastos de prevención y lucha contra los incendios que conlleva la construcción de helipuertos y aeródromos, la creación de brigadas de investigación, el alquiler de vehículos todo terreno y medios aéreos, así como la puesta en marcha de centros operadores comarcales para la defensa de los incendios forestales y los cortafuegos y la red de pistas forestales.

En lo que respecta a la partida de 300.000 euros destinada a un estudio, asistencia técnica y desarrollo de procedimientos para aumentar la eficacia de las competencias atribuidas a la Dirección General de Desarrollo Rural, Carrancio señaló que no tiene sentido, salvo que se prescinda del director general de esta área.